Una vista al mundo y una mirada de la realidad presente sin olvidar el pasado, fuente que nos hereda su experiencia... (TODO LO PUBLICADO EN ESTE BLOGSPOT CUENTA CON DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR)
martes, 30 de agosto de 2011
PIPO MANCERA
Pipo Mancera Biografia
Nombre completo:
Nicolás Mancera
Nacimiento:
20 de diciembre de 1930
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Muerte:
29 de agosto de 2011
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
FILMOGRAFÍA
La película de Niní(2005)Entrevistado
Bicho raro(1965)
El crack(1960)
El periodista y emblemático conductor televisivo Nicolás "Pipo" Mancera falleció este lunes a los 80 años en su hogar, a causa de un paro cardiorrespiratorio, según dijeron sus familiares.
El mayor exito de Pipo Mancera
Su mayor éxito fue Sábados Circulares, donde recibió a los personajes más famosos de aquel período, como Marcello Mastroianni, Alain Delon, Sophia Loren, y Pelé, entre otros. Allí cantaron Sandro, Serrat y Raphael. Además, relanzó al medio televisivo a figuras del espectáculo como Libertad Lamarque, Tita Merello y Niní Marshall.
Fue el primer periodista en entrevistar, en 1971, a Diego Armando Maradona, cuando tenía diez años. Produjo programas en Francia e Italia. La muerte de su primera mujer, a fines de los 80, le produjo una gran depresión, por la que estuvo alejado de la actividad artística durante siete años.
Como periodista fue columnista del diario La razón y sostuvo un ciclo radial después de haber estado muchos años radicado en Uruguay. En 2005 fue entrevistado para un documental en homenaje a Niní Marshall, y en 2007 relanzó su tradicional programa en Crónica TV, de Héctor Ricardo García.
LEY DE TIERRAS- URUGUAY-CHILE
LEY DE TIERRAS- URUGUAY
Radio en Vivo - YVKE Mundial :: Internacionales
Ante el parlamento uruguayo
Sábado, 20 de Ago de 2011. 10:13 am
El presidente de Uruguay, José Mujica, presentó un proyecto de ley sobre el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), a refrendar por el Parlamento la próxima semana. El proyecto, promovido por el mandatario, establece gravámenes a los propietarios de terrenos con extensiones mayores de dos mil hectáreas.
La senadora y primera dama Lucía Topolansky informó que hasta el momento nueve ministros suscribieron la iniciativa, que norma la imposición de un impuesto progresivo a las grandes extensiones de tierra. El presidente uruguayo y el vicepresidente Danilo Astori, luego de trabajar en el documento durante varios encuentros, anunciaron que la propuesta debe ser aprobada por el Legislativo sin modificaciones de peso.
Según el proyecto de ley, el gravamen tendrá pagos renovados anualmente, y se considerarán sujetos pasivos del impuesto “las personas físicas, los núcleos familiares y sus sucesores, siempre que su patrimonio supere las dos mil hectáreas al cierre del ejercicio”.
Lo recaudado a partir de la implantación de la ley beneficiará a los gobiernos departamentales y un fondo creado por la Comisión Sectorial administrará los recursos en los términos que establezca la reglamentación. Los fondos contribuirán a resolver problemas relacionados con la reparación de la red de caminos rurales y los que den acceso a los establecimientos industriales y comerciales en los departamentos, no relacionados con grandes proyectos viales.
La ley contemplará, además, otra contribución al fisco por concepto de las cuotas por enajenación de inmuebles rurales para contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Nelson Algueida
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LEY DE TIERRAS- CHILE
Para el estado los desafíos hoy que se presentan en su relación con los pueblos indígenas, y con el pueblo mapuche en particular, no son menores. Por de pronto aparece como urgente la redefinición de la política de tierras indígenas por este aplicada hasta la fecha. Las autoridades deben en primer termino resolver la evidente contradicción que significa el desarrollo de una política orientada a hacer posible la ampliación de las tierras mapuche y en forma paralela avalar y/o promover proyectos de inversión privados o públicos que vulneran la protección que la ley ha otorgado a dichas tierras. En relación a los conflictos creados por estos proyectos, el desafió consiste no tan solo en hacer llamamientos al dialogo, sino también en generar las condiciones e impulsar las instancias para que ese dialogo sea posible, al menos en las situaciones de conflicto más apremiantes. En la caso de la central Ralco, por ejemplo, porque no aceptar la suspensión del proyecto, hasta que las partes involucradas resuelvan los temas económico- sociales, ambientales y culturales de desencuentro. En el caso de los proyectos forestales, por que no crear instancias integradas por empresas forestales, comunidades mapuche y autoridades de gobierno central y regional que
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puedan dialogar sobre los derechos de las partes involucradas, las formas de resolución de las demandas territoriales mapuche, las modalidades de participación de las comunidades en los beneficios la actividad forestal.
Por otro lado, más que seguir a la zaga de una estrategia que es definida por el movimiento mapuche con sus recuperaciones de tierra, como actualmente ocurre, prometiendo la adquisición o transferencia de tierras a mapuche sin saber para que y sin contar con los recursos que le permitan apoyar la permanencia de las comunidades beneficiarias en las tierras que le son asignadas, el estado debe elaborar una política de tierras que identifique objetivos a alcanzar en el mediano y largo plazo, e impulsar acciones de corto plazo que sean consistentes con tales objetivos. El diseño de tal política supone, sin embargo, la creación de instancias de trabajo conjunto con las organizaciones territoriales mapuche, a fin de determinar las tierras, así como los recursos naturales que hay en ellas, cuya propiedad debe ser traspasada a los mapuche, así como los recursos financieros que se requieren para ello .
No obstante las complejidades antes subrayadas, el mayor desafió para el estado chileno, sin embargo, no esta su capacidad de respuesta a las demandas de tierra de los mapuche, sino más bien en su capacidad para comprender y aceptar los componentes inmateriales de la demanda territorial mapuche, demanda que como vimos, esta asociada a la creación de espacios o instancias que permitan la participación y/o control de sus comunidades, dependiendo de las condiciones, en la gestión de los procesos políticos, económicos , culturales que en ellos ocurran. Dicha demanda obliga, al igual que como ha ocurrido en otras partes de América Latina y del mundo, a introducir importantes transformaciones jurídicas y políticas con el objeto de dar cabida a la territorialidad indígena hasta ahora negada. Se trata de una demanda difícil de asumir para un estado como el chileno, cuya tradición centralista ha obstaculizado a lo largo de su historia la descentralización territorial del poder, y cuya tradición cultural, al menos la de sus elites, le ha impedido aceptar la diversidad étnico-cultural existente en su interior. Tal tradición explica porque Chile, ha diferencia de la mayor parte de los países de América Latina, se mantiene sin reconocer el carácter multietnico y multicultural de la sociedad, y se opone a la ratificación del Convenio 169 de la OIT. La misma tradición explica el rechazo a iniciativas como la presentada en 1999 al Congreso Nacional por el Diputado Francisco Huenchumilla intentando el reconocimiento de los derechos políticos indígenas a través de la creación de un parlamento indígena y de la representación proporcional indígena de acuerdo a su población en el Congreso Nacional, en los concejos regionales y en los gobiernos comunales.
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Finalmente, para los empresarios agrícolas y forestales presentes en el territorio mapuche, los desafíos dicen relación con la revisión de las posturas que hasta ahora han sostenido frente a este conflicto de larga data. No basta con esgrimir títulos de propiedad a sabiendas que tales títulos se constituyeron en base a una historia de despojo de los mapuche. No basta con argumentar el respeto al estado de derecho cuando los chilenos no hemos respetado a los mapuche en sus derechos más esenciales. Si son consecuentes con su postura en favor de la globalización, deben observar a sus pares en otras latitudes y aprender de ellos que, por razones éticas y también económicas, se han abierto a nuevas formas de relación con pueblos indígenas pasando de la confrontación a la colaboración.
La creación de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato por el gobierno a comienzos del 2001 parece una iniciativa importante para abordar las demandas de tierra y territorio de los mapuche aquí analizadas. Su trabajo, en la medida en que considere la perspectiva mapuche, puede ayudar a iluminar el camino a seguir hacia el futuro para dar respuesta a los numerosos desafíos que tales demandas plantean, contribuyendo además a definir las bases sobre las cuales se debe cimentar una nueva relación entre los pueblos indígenas y el estado. Sin embargo, ni el gobierno, ni las organizaciones mapuche, ni los sectores empresariales presentes en el espacio territorial mapuche, pueden esperar a que dicha Comisión concluya su trabajo para asumir los desafíos que aquí se han identificado. Si no lo hacen en forma urgente, es muy posible que la situación de conflictividad hoy existente en el sur del país siga en aumento, con un costo social, en particular para los mapuche, enorme. Esperamos que los antecedentes entregados, así como las reflexiones realizadas en este artículo, puedan constituir un aporte para los actores involucrados en esta temática para poder avanzar en su resolución.
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Ante el parlamento uruguayo
Sábado, 20 de Ago de 2011. 10:13 am
El presidente de Uruguay, José Mujica, presentó un proyecto de ley sobre el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), a refrendar por el Parlamento la próxima semana. El proyecto, promovido por el mandatario, establece gravámenes a los propietarios de terrenos con extensiones mayores de dos mil hectáreas.
La senadora y primera dama Lucía Topolansky informó que hasta el momento nueve ministros suscribieron la iniciativa, que norma la imposición de un impuesto progresivo a las grandes extensiones de tierra. El presidente uruguayo y el vicepresidente Danilo Astori, luego de trabajar en el documento durante varios encuentros, anunciaron que la propuesta debe ser aprobada por el Legislativo sin modificaciones de peso.
Según el proyecto de ley, el gravamen tendrá pagos renovados anualmente, y se considerarán sujetos pasivos del impuesto “las personas físicas, los núcleos familiares y sus sucesores, siempre que su patrimonio supere las dos mil hectáreas al cierre del ejercicio”.
Lo recaudado a partir de la implantación de la ley beneficiará a los gobiernos departamentales y un fondo creado por la Comisión Sectorial administrará los recursos en los términos que establezca la reglamentación. Los fondos contribuirán a resolver problemas relacionados con la reparación de la red de caminos rurales y los que den acceso a los establecimientos industriales y comerciales en los departamentos, no relacionados con grandes proyectos viales.
La ley contemplará, además, otra contribución al fisco por concepto de las cuotas por enajenación de inmuebles rurales para contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Nelson Algueida
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LEY DE TIERRAS- CHILE
Para el estado los desafíos hoy que se presentan en su relación con los pueblos indígenas, y con el pueblo mapuche en particular, no son menores. Por de pronto aparece como urgente la redefinición de la política de tierras indígenas por este aplicada hasta la fecha. Las autoridades deben en primer termino resolver la evidente contradicción que significa el desarrollo de una política orientada a hacer posible la ampliación de las tierras mapuche y en forma paralela avalar y/o promover proyectos de inversión privados o públicos que vulneran la protección que la ley ha otorgado a dichas tierras. En relación a los conflictos creados por estos proyectos, el desafió consiste no tan solo en hacer llamamientos al dialogo, sino también en generar las condiciones e impulsar las instancias para que ese dialogo sea posible, al menos en las situaciones de conflicto más apremiantes. En la caso de la central Ralco, por ejemplo, porque no aceptar la suspensión del proyecto, hasta que las partes involucradas resuelvan los temas económico- sociales, ambientales y culturales de desencuentro. En el caso de los proyectos forestales, por que no crear instancias integradas por empresas forestales, comunidades mapuche y autoridades de gobierno central y regional que
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puedan dialogar sobre los derechos de las partes involucradas, las formas de resolución de las demandas territoriales mapuche, las modalidades de participación de las comunidades en los beneficios la actividad forestal.
Por otro lado, más que seguir a la zaga de una estrategia que es definida por el movimiento mapuche con sus recuperaciones de tierra, como actualmente ocurre, prometiendo la adquisición o transferencia de tierras a mapuche sin saber para que y sin contar con los recursos que le permitan apoyar la permanencia de las comunidades beneficiarias en las tierras que le son asignadas, el estado debe elaborar una política de tierras que identifique objetivos a alcanzar en el mediano y largo plazo, e impulsar acciones de corto plazo que sean consistentes con tales objetivos. El diseño de tal política supone, sin embargo, la creación de instancias de trabajo conjunto con las organizaciones territoriales mapuche, a fin de determinar las tierras, así como los recursos naturales que hay en ellas, cuya propiedad debe ser traspasada a los mapuche, así como los recursos financieros que se requieren para ello .
No obstante las complejidades antes subrayadas, el mayor desafió para el estado chileno, sin embargo, no esta su capacidad de respuesta a las demandas de tierra de los mapuche, sino más bien en su capacidad para comprender y aceptar los componentes inmateriales de la demanda territorial mapuche, demanda que como vimos, esta asociada a la creación de espacios o instancias que permitan la participación y/o control de sus comunidades, dependiendo de las condiciones, en la gestión de los procesos políticos, económicos , culturales que en ellos ocurran. Dicha demanda obliga, al igual que como ha ocurrido en otras partes de América Latina y del mundo, a introducir importantes transformaciones jurídicas y políticas con el objeto de dar cabida a la territorialidad indígena hasta ahora negada. Se trata de una demanda difícil de asumir para un estado como el chileno, cuya tradición centralista ha obstaculizado a lo largo de su historia la descentralización territorial del poder, y cuya tradición cultural, al menos la de sus elites, le ha impedido aceptar la diversidad étnico-cultural existente en su interior. Tal tradición explica porque Chile, ha diferencia de la mayor parte de los países de América Latina, se mantiene sin reconocer el carácter multietnico y multicultural de la sociedad, y se opone a la ratificación del Convenio 169 de la OIT. La misma tradición explica el rechazo a iniciativas como la presentada en 1999 al Congreso Nacional por el Diputado Francisco Huenchumilla intentando el reconocimiento de los derechos políticos indígenas a través de la creación de un parlamento indígena y de la representación proporcional indígena de acuerdo a su población en el Congreso Nacional, en los concejos regionales y en los gobiernos comunales.
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Finalmente, para los empresarios agrícolas y forestales presentes en el territorio mapuche, los desafíos dicen relación con la revisión de las posturas que hasta ahora han sostenido frente a este conflicto de larga data. No basta con esgrimir títulos de propiedad a sabiendas que tales títulos se constituyeron en base a una historia de despojo de los mapuche. No basta con argumentar el respeto al estado de derecho cuando los chilenos no hemos respetado a los mapuche en sus derechos más esenciales. Si son consecuentes con su postura en favor de la globalización, deben observar a sus pares en otras latitudes y aprender de ellos que, por razones éticas y también económicas, se han abierto a nuevas formas de relación con pueblos indígenas pasando de la confrontación a la colaboración.
La creación de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato por el gobierno a comienzos del 2001 parece una iniciativa importante para abordar las demandas de tierra y territorio de los mapuche aquí analizadas. Su trabajo, en la medida en que considere la perspectiva mapuche, puede ayudar a iluminar el camino a seguir hacia el futuro para dar respuesta a los numerosos desafíos que tales demandas plantean, contribuyendo además a definir las bases sobre las cuales se debe cimentar una nueva relación entre los pueblos indígenas y el estado. Sin embargo, ni el gobierno, ni las organizaciones mapuche, ni los sectores empresariales presentes en el espacio territorial mapuche, pueden esperar a que dicha Comisión concluya su trabajo para asumir los desafíos que aquí se han identificado. Si no lo hacen en forma urgente, es muy posible que la situación de conflictividad hoy existente en el sur del país siga en aumento, con un costo social, en particular para los mapuche, enorme. Esperamos que los antecedentes entregados, así como las reflexiones realizadas en este artículo, puedan constituir un aporte para los actores involucrados en esta temática para poder avanzar en su resolución.
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