LEY DE TIERRAS- ARGENTINA

>De qué se trata la ley de tierras
>Una paradoja: los propietarios extranjeros en el desarrollo rural argentino


“Vamos a remitir hoy el proyecto de ley, […], acerca de la protección del dominio nacional de las tierras rurales”, anunció la presidenta Cristina Fernández, durante la cadena nacional del pasado miércoles. El proyecto de ley limita el acceso a la propiedad de la tierra, pero no legisla acerca de su uso o de los recursos que contenga.

Los considerandos del proyecto mencionan que “se registra en nuestro país […] un fuerte proceso de adquisición de grandes extensiones por parte de capitales financieros transnacionales, el que se vio intensificado en los últimos años, a raíz de la especulación”. En respuesta a este proceso, el proyecto busca “la protección de propietarios y productores agropecuarios argentinos” para que se “preserve la propiedad y tenencia de las tierras en manos de productores agropecuarios nacionales, posibilitando un desarrollo tecnológico propio que acreciente nuestra capacidad agroindustrial y nos proyecte como productores alimentarios."

La cuestión de cómo se explican las eventuales diferencias de conductas entre propietarios argentinos y extranjeros subyacentes a un proyecto de este tipo fue objeto de una indagación de Chequeado.com. Para ello se consultó a tres protagonistas de la elaboración de los proyectos que se tratarán.

Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista que participó en la elaboración del proyecto del Ejecutivo, consideró que generaría un “sentimiento de solidaridad” puesto que “un argentino se va a preocupar de que primero estén alimentados sus compatriotas, mientras que un extranjero va a tener más tendencia a mandar la comida a su país.”

Para Aldo Casella, abogado especialista en temas agrarios, quien también participó en la elaboración del proyecto enviado por la Presidenta, se trata de una “política pública que asegura el acceso a la tierra de los nacionales” pero al no reglamentar otros aspectos, como el uso de la tierra, sólo asegura el “resguardo del patrimonio nacional en manos de argentinos.”

Finalmente, para Andrea Burucúa, asesora de Verónica Benas, diputada de Solidaridad e Igualdad por la Unidad Popular, el hecho de que la tierra quede en manos locales, ayuda a que exista “un mayor cuidado, puesto que se trata de un residente, mientras que en el caso de un extranjero, tiene menos cuidado porque después la vende y se va.”

En todos los casos se confía que la nacionalidad sea suficiente garantía para el mejor uso de la tierra y para que la cantidad de alimento necesaria quede en el país.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, por otro lado, afirmó que la idea de la iniciativa es que “la producción de alimentos debe estar en manos de los argentinos."

Sin embargo, la tenencia de la tierra no asegura su modo de explotación, como explicó a Chequeado.com Mariana Gori, especialista de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA): “Un propietario puede pedir que la tierra se use para ciertos cultivos, pero la producción es de quien la alquila y puede definir su destino”. O sea que nos es seguro que el origen del propietario de las tierras influya en el destino final de su producción.

En cuanto al posible aumento de la exportación de alimentos al quedar las tierras en manos de extranjeros, en el caso argentino se han aplicado medidas de control de las exportaciones de alimentos básicos, como el trigo. Se trata de instrumentos de política comercial cuya aplicación es independiente del origen de los propietarios de tierras.

Es posible que pudiera haber conductas diferenciadas entre propietarios argentinos y extranjeros a la hora de decidir cómo y dónde se reinvierten las utilidades, pero ello no es fácilmente comprobable.

El proyecto de ley no contempla -y por lo tanto, no impide- la participación de extranjeros en fondos de inversión o fideicomisos destinados a la explotación de tierras de terceros en arrendamiento, ni el uso que se haga del suelo, algo que sí se considera en la ley brasileña, similar en otros aspectos a la argentina. La Federación Agraria, que apoya esta ley, promueve de manera paralela un proyecto para regular el arrendamiento de tierras. Según explicó Luis Contigiani, un especialista de la institución, “hoy no existe una ley que regule el arrendamiento, ni que proteja el uso del suelo. Depende del contrato entre propietario e inquilino, que a veces es sólo por un año, y no se regula que se cuide el recurso.”

De todos modos, conviene no olvidar que los cambios de organización de la producción agropecuaria y el rol creciente de la tecnología contribuyeron a reducir la importancia relativa del factor tierra en la economía argentina. Actualmente, la remuneración de ese factor de la producción en el ingreso bruto nacional ronda el 3 por ciento (Lucio G. Reca y col. "El crecimiento de la agricultura argentina: medio siglo de logros y desafíos", pag.446. Editorial de la Facultad de Agronomía, UBA. Buenos Aires, 2010).

Argentina, son muchos los gobiernos de América Latina que están llevando adelante medidas para restringir la inversión extranjera en sus tierras agrícolas. Sin dejar de decir que los déficits en materia de política distributiva de tierras aún persisten, dada la demora de los estados para aplicar normativas que no sólo limiten la concentración de la tierra en manos de capitales extranjeros, sino que también acoten la tenencia de la tierra en pocas manos de grupos nacionales, quienes, a su vez, suelen adoptar el mismo modelo de explotación depredador de los inversionistas foráneos, rechazando toda intervención reguladora por parte del Estado.
Ha sido público el reconocimiento que el Banco Mundial hizo en torno al fracaso de las políticas neoliberales que capitaneó en la década de 1990, pero como señala Pablo Dávalos, ex viceministro de economía de Ecuador, asesor de la CONAIE y miembro de Clacso “ahora el problema no es el neoliberalismo”, ya criticado por el propio Banco Mundial, sino el “neoinstitucionalismo”, que lo continúa por otros medios. Lo que conlleva, señala Dávalos, a prestar especial atención al tipo de legitimidad que requieren hoy las políticas extractivistas de recursos naturales.
El neoinstitucionalismo, que aplica el Banco Mundial, postula que las instituciones correctas generan resultados correctos y que la clave consiste entonces en copiar las de los países desarrollados. Desde esta visión, sustentada hoy por el BM el problema del capitalismo no es su naturaleza de dominación y de explotación, sino la existencia de reglas de juego inadecuadas (instituciones inadecuadas), o la carencia de reglas de juego (instituciones). La abierta defensa del capitalismo del libre mercado es matizada con este marco conceptual con propuestas de política que atienden a la “institucionalidad histórico concreta”. El discurso puramente económico (el que realmente interesa) aparece ahora revestido de consideraciones jurídicas, sociológicas, políticas y hasta culturales (tradición, patrimonio histórico). Sin embargo, aunque la mona se vista de seda, mona queda…
Estas políticas, bajo otras formas, pero con los mismos objetivos de obtener mayores beneficios para el mercado, en este caso, agropecuario, en el sistema de “la libre competencia” debería alertar a todos los gobiernos de la región que intentan limitar con nuevas normas y procedimientos la tenencia de la tierra en manos extranjeras, así como reorientar una política de distribución más justa. No impedir este avance implicaría incrementar los efectos devastadores que dichas explotaciones han tenido y tienen aún en las personas y el medio ambiente, en América Latina y en el resto del mundo, como se sigue denunciando: pérdida de soberanía, la ausencia de control en la explotación de recursos estratégicos, el desplazamiento forzado de pueblos originarios, así como la aplicación de recursos tecnológicos para la explotación que, como está fehacientemente comprobado, suelen ser depredatorias de los recursos naturales, entre otras consecuencias. En tanto, el BM marcha hacia la puesta a punto de los formatos políticos de la dominación (la neoinstitucionalización) en el momento del capital financiero, en la orientación a la convergencia normativa de los acuerdos de libre comercio y consolidación de la violencia liberal para la criminalización social. Tarea que llevan a cabo con la ayuda logística y sistemática de los medios de comunicación hegemónicos y decenas de agencias de capacitación para producir cuadros técnicos, políticos y económicos que sostengan la nueva institucionalidad que requiere el mercado o desde el Estado o como Estado paralelo.
Hoy, en nuestro país, capitales italianos, malayos, australianos, norteamericanos, chilenos, españoles, ingleses, chinos, además de capitales nacionales representan el 1,3% de los propietarios que hoy concentran el 43% de la superficie explotable de un total de 170 millones de hectáreas agropecuarias. Esta reforzada ofensiva de privatización y mercantilización de la naturaleza incluye también el financiamiento –vía préstamos– para el clima, combustibles fósiles y represas, entre otras iniciativas, cuyas consecuencias producen verdaderos holocaustos sociales y económicos. Está claro que el Banco Mundial, desde su creación, ha sido una herramienta fundamental que sirve a los intereses de los satélites transnacionales y las políticas financieras, pero ahora está buscando un nuevo papel a través de una renovada “retórica” para la mayoría de las inversiones del llamado “capitalismo verde”. En tanto, nuestra región, aun con debilidades y contradicciones, intenta neutralizar y corregir lo pendiente en materia de derechos soberanos sobre la tierra y sus recursos naturales. Esta carrera plagada de obstáculos y enormes limitaciones que ya ha iniciado nuestro país junto a otros es contra reloj. Entre la pereza de la oposición parlamentaria, dividida y atravesada por la especulación electoral, el tratamiento de la ley de tierras se demora, mientras paralelamente el Banco Mundial avanza con su cometido. Está claro que lo que está en juego es la propia supervivencia de la especie humana, violar e impulsar políticas contrarias al derecho a la tierra, deberían ser considerados delitos de lesa humanidad, si es que la humanidad sobrevive, antes de que sea demasiado tarde.

Hector Sandler en Salon Rojo de la UBA... por g_andreau