Gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962)
El Desarrollismo
La situación económica requería medidas urgentes, para lo cual Frondizi había anunciado su "PLAN DE ESTABILIDAD Y DESARROLLO" que consistía en la eliminación del dirigismo estatista en el mercado.
El control de cambio y los permisos de importación se suprimieron.
Desapareció el control de precios de venta de productos pecuarios y se terminó con los subsidios al consumo.
En los dos primeros meses de 1959 se registró una importante suba de precios que luego tendió a estabilizarse.
En julio de 1958 había anunciado su nueva política petrolera, tendiente a firmar convenios con empresas extranjeras para la extracción, con la dirección y controlar de Y.P.F.
Se levantaron críticas contra la tramitación de los contratos sin licitación previa y subrayándole a Frondizi su cambio de opinión con respecto a sus ideas anti - imperialistas, defendidas en su obra "PETROLEO Y POLITICA" (1954).
El Poder Ejecutivo promovió una Ley para nacionalizar yacimientos de hidrocarburos.
En esta Presidencia se firmó un convenio con una de las concesionarias de electricidad de Buenos Aires y alrededores; más tarde, ya derrocado Frondizi, se crearía SEGBA (Servicios eléctricos del Gran Buenos Aires) de propiedad estatal.
El Desarrollismo, política propuesta desde el gobierno, concebía fundamental emprender obras de infraestructura que a largo plazo darían sus frutos: industrialización, autoabastecimiento de petróleo y energía.
En tres años de gestión la producción de petróleo y gas natural aumentó 150%. El país de importador pasó a ser exportador de petróleo.
La red vial creció en 10.000 Km y la producción industrial aumentó un 10%.
La industria automotriz produjo, en 1961, 100.000 automóviles y camiones. En 1958 se fabricaron 10.000 tractores y tres años después 25.000.
En 1961 se inauguró el ALTO HORNO DE SAN NICOLAS, para la producción de acero, sobre el Paraná.
Se extendió a Buenos Aires el gasoducto Campo Durán - San Lorenzo.
El costo de vida y la inflación aumentaron. Se adoptaron medidas tendientes a restringir los gastos de Administración del Estado y se trató de poner freno al incremento salarial.
Gobierno de José María Guido (1962-1963)
Al ser derrocado Frondizi el cargo de Presidente de la Nación fue asumido provisoriamente por el Dr. José María Guido, Vice Presidente del Senado, con acuerdo de las Fuerzas Armadas y de la Corte Suprema de Justicia. (El Vicepresidente Alejandro Gómez había renunciado en 1958 por discrepancias políticas con el Primer Mandatario).
El Presidente Guido anuló el 15 de abril las elecciones realizadas en marzo; intervino las provincias; decretó el receso, por tiempo indeterminado, del Congreso Nacional (19 de mayo) y luego dispuso su disolución ( 8 de setiembre )
La cartera económica estuvo a cargo de Pinedo, quien sólo pudo mantenerla dos semanas, y fue reemplazado por Alvaro Alsogaray. Este último anunció un "PROGRAMA FINANCIERO DE EMERGENCIA", pero no pudo revertir la crítica situación.
Gobierno de Arturo U. Illia (1963 –1966)
El propósito de Arturo Illía era eliminar la desocupación obrera, aprovechar plenamente todos los factores productivos, defender el valor de nuestra moneda, anular los contratos petroleros con empresas extranjeras, mejorar el nivel tecnológico del campo, modificar el régimen de la tierra para facilitar el acceso a la propiedad de los auténticos productores por medio de un sistema de créditos adecuado, obtener mayores saldos exportables para completar nuestro desarrollo industrial, buscar nuevos mercados sin exclusiones ideológicas, fortalecer la acción gremial pero alejarla de su instrumentación política partidaria.
Obra de gobierno
Una de las primeras medidas del gobierno fue la anulación de los contratos petroleros con las empresas extranjeras firmados durante el gobierno de A. Frondizi. Esta decisión, que formaba parte de la plataforma electoral, provocó graves problemas de abastecimiento. Fue necesario importar combustible y el país sufrió una considerable pérdida de divisas en concepto de indemnizaciones por la forma indiscriminada en que se llevó a cabo la anulación. Además aumentó la desconfianza internacional por el no cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina.
Cuando los radicales llegaron al gobierno el panorama económico era desalentador. Se vivía una gran recesión; la tasa de desempleo era del 8.8% y el conjunto de la capacidad productiva instalada estaba trabajando al 55%. Todo esto provocó una fuerte caída de los ingresos fiscales porque muchas empresas dejaron de pagar los impuestos y los aportes jubilatorios.
El sector bancario tenía una situación muy comprometida. Durante la época de Frondizi y después de Pinedo, Alsogaray, Méndez Delfino y Martínez de Hoz, en nombre de la libertad económica no se aplicaron desde el Banco Central las normas que existían para la vigilancia de los créditos que otorgan los bancos. Así, los bancos privados y del Estado, especialmente el Banco Nación, habían otorgado créditos por encima de la capacidad prestable de las empresas. Al contraerse la actividad en el año 1962 las empresas se encontraron imposibilitadas de pagarles a los bancos los créditos que les habían dado para importar maquinaria. En muchos casos esta se encontraba arrumbada en el puerto de Bs. As. El gobierno decidió aplicar una estrategia de corto plazo basada en el estímulo de la demanda y elaboró un Plan Nacional de Desarrollo para el quinquenio 1965 - 1969. Una buena cosecha permitió elevar el nivel de las exportaciones con saldo positivo en la cuenta corriente del Balance de Pagos. Se logró incrementar el PBI en el orden del 8% entre 1964 - 1965 con el correspondiente efecto sobre el empleo. Sin embargo no se pudo controlar el alza de los precios internos que pasaron la barrera del 30% anual entre 1965 y 1966. El gobierno trató de reaccionar con controles de precios que fueron resistidos por los empresarios.
La deuda externa constituía otro problema serio. El 56.2% de ella vencía en los próximos tres años, es decir, en 1966 por lo cual se decidió renegociar la misma con el Club de París.
El 15 de enero de 1964 el Parlamento consideró el proyecto de Ley de Medicamentos que señalaba el carácter de bienes sociales al servicio de la salud pública de los medicamentos. En su articulado se facultaba al Poder Ejecutivo para la regulación de los precios ya que, por estar la venta de medicamentos condicionada por las necesidades de la población, su proceso económico escapaba a la ley de la oferta y la demanda, de la libre competencia y de la libertad contractual.
A pesar de las presiones internacionales la ley fue aprobada.
En marzo del mismo año de dio a conocer el nuevo Estatuto de los Partidos Políticos que posibilitaba la incorporación del peronismo a la vida cívica; establecía un control preciso sobre el patrimonio de los partidos; normas sobre proselitismo electoral y dejaba sin efecto las inhabilitaciones de los dirigentes gremiales, tanto obreros como empresarios.
El 15 de enero de 1964 el Parlamento consideró el proyecto de Ley de Medicamentos que señalaba el carácter de bienes sociales al servicio de la salud pública de los medicamentos. En su articulado se facultaba al Poder Ejecutivo para la regulación de los precios ya que, por estar la venta de medicamentos condicionada por las necesidades de la población, su proceso económico escapaba a la ley de la oferta y la demanda, de la libre competencia y de la libertad contractual.
A pesar de las presiones internacionales la ley fue aprobada.
En marzo del mismo año de dio a conocer el nuevo Estatuto de los Partidos Políticos que posibilitaba la incorporación del peronismo a la vida cívica; establecía un control preciso sobre el patrimonio de los partidos; normas sobre proselitismo electoral y dejaba sin efecto las inhabilitaciones de los dirigentes gremiales, tanto obreros como empresarios.
